viernes, 19 de enero de 2018

Los bienes que sean propiedad del inquilino y que este no retire de la vivienda antes del lanzamiento, se entienden como bienes abandonados a beneficio del arrendador



A) El artículo 703.1 de la LEC establece que:

1. Si el título dispusiere la transmisión o entrega de un bien inmueble, una vez dictado el auto autorizando y despachando la ejecución, el Secretario judicial responsable de la misma ordenará de inmediato lo que proceda según el contenido de la condena y, en su caso, dispondrá lo necesario para adecuar el Registro al título ejecutivo.

Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el Secretario judicial requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos los efectos.

En los casos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, para evitar demoras en la práctica del lanzamiento, previa autorización del secretario judicial, bastará con la presencia de un único funcionario con categoría de Gestor, que podrá solicitar el auxilio, en su caso, de la fuerza pública.

B) El artículo 703.1, párrafo 2º de la Ley de enjuiciamiento civil, establece que "si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el secretario judicial requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, "se considerarán bienes abandonados a todos los efectos", inciso el último que conlleva la atribución de su propiedad a la demandada en virtud de lo dispuesto en los artículos 609 y 610 del Código Civil en cuya virtud se adquieren por la ocupación las cosas muebles abandonadas.

Es decir, que en los casos de desahucio por falta de pago, los bienes que sean propiedad del inquilino que estén en el interior del inmueble al realizarse el lanzamiento se consideran como bienes abandonados, por lo que el arrendador puede quedarse con ellos o desprenderse de ellos (normalmente, para evitar gastos, mediante los servicios de recogida de muebles que tienen la mayoría de ayuntamientos).

www.gonzaleztorresabogados.com





martes, 9 de enero de 2018

El tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2018, es el 8 %



La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, está de plena actualidad en plena crisis económica, con un aumento exponencial de la morosidad de las empresas, y algunas administraciones públicas.

Un medio para combatir esa morosidad es la citada La Ley 3/2004 (BOE 314/2004, de 30 de diciembre de 2004) que establece un interés de demora para el obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales, que deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor.

- El art. 7 de la Ley /2004, de 29 de diciembre, establece:

1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.
2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales.
Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.
El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.
3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior.

- RECLAMACIÓN: Esos intereses de demora no solo se pueden reclamar en un juicio civil declarativo, sino en un procedimiento monitorio, al poderse calcular mediante sencillas operaciones aritméticas. Máxime en un proceso de la naturaleza del monitorio en el que su esencia radica en la posición que adopte el deudor frente al requerimiento de pago hecho en debida forma, pues la clave de dicho proceso monitorio se encuentra en la correcta citación del deudor y en la respuesta que dé al requerimiento que se le efectúe, pues es posible que el deudor no haga uso de la objeción que con rigor y con carácter "ad limine" señala el Juzgador, pues la facultad del Juzgador de rechazar "ad limine" las solicitudes para su inicio debe de ser objeto de un uso restrictivo. Lo cual ha sido confirmado entre otras Audiencias Provinciales por la de Vizcaya (15 de abril de 2002 y 21 de septiembre de 2004), al entender que los intereses moratorios en operaciones comerciales en nada se diferencian de los demás, en cuanto pueden ser calculados mediante una simple operación aritmética.

-  Por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2018 (BOE núm. 311, de 23 de diciembre de 2017), el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2018, es el 8,00 por 100.

Esta Secretaría General del Tesoro y Política Financiera hace público:

1. En la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el segundo semestre de 2017, efectuada mediante subasta a tipo fijo que ha tenido lugar el día 19 de diciembre, el tipo de interés aplicado ha sido el 0,00 por 100.

2. En consecuencia, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en la redacción dada por el artículo 33.tres de la Ley 11/2013, el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural de 2018 es el 8,00 por 100.

www.gonzaleztorresabogados.com






domingo, 7 de enero de 2018

Para obtener la nacionalidad española por residencia ha de acreditarse un suficiente grado de integración en la sociedad española


A) La sentencia de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 5ª, de 21 de diciembre de 2016, nº 5/2017, rec. 692/2015, manifiesta que para obtener la nacionalidad española por residencia ha de acreditarse un suficiente grado de integración en la sociedad española.

La integración social no deriva exclusivamente del nivel de conocimiento del idioma, sino de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo familiar, todo lo cual ha de justificar el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente.

B) CONCESION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA: La concesión de la nacionalidad española por residencia es un acto que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado, que conlleva el otorgamiento de una cualidad que lleva implícita un conjunto de derechos y obligaciones, otorgamiento en todo caso condicionado al cumplimiento por el solicitante de unos determinados requisitos, y que, conforme al artículo 21 del Código Civil, puede ser denegado por motivos de orden público o interés nacional. Como señala la STS de 25 de febrero de 2011 (Rec. 291/2007), el otorgamiento de la nacionalidad en modo alguno puede ser considerado como un derecho del particular, sino como antes hemos dicho, como el otorgamiento de una condición, la de nacional, que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía del Estado.

1º) Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter objetivo como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

En concreto el artículo 22.4 del Código Civil establece que los que deseen obtener la nacionalidad española han de justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española, en el expediente seguido al efecto conforme a las normas reguladoras del Registro Civil, siendo este último requisito en el que vamos a centrarnos, pues es la falta de integración en la sociedad española lo que ha motivado la denegación de la nacionalidad española.

Por su parte, el artículo 220 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil (RRC) establece que en la solicitud se indicará especialmente: 5º(...) si habla castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales, y las demás que estime conveniente.

No se contiene en dicho precepto, ni tampoco en los artículos 221 a 223 del RRC, reglas especiales en relación con la justificación de este requisito que, por lo tanto, puede ser acreditado por cualquier medio de prueba (SSTS de 11 de diciembre de 2013, Rec. 2226/2011; de 9 de octubre de 2015 Rec. 43/2014).

2º) El requisito de suficiente grado de integración en la sociedad española (cuya inexistencia se aprecia por la resolución denegatoria impugnada) constituye un concepto jurídico indeterminado, que precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración, sin que resulte admisible la existencia de soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Así, el reconocimiento de la nacionalidad española por residencia no constituye el ejercicio de una potestad discrecional, sino una potestad reglada, pues es un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. De ahí que su naturaleza jurídica difiera de la potestad de concesión de nacionalidad por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles (SSAN 9 de octubre de 2015, Rec. 25/2015, y 16 de octubre de 2015, Rec. 15/2015, entre otras muchas).

En todo caso, corresponde al solicitante la carga de probar su suficiente grado de integración en la sociedad española, mediante la aportación de los medios de prueba que estime conducentes a demostrar tal circunstancia (STS 11 de diciembre de 2013, Rec. 2226/2011). Ello dado que la integración social implica la armonización del régimen de vida del interesado con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen reflejo constitucional, su grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, y también su arraigo familiar, todo lo cual ha de justificarse por el interesado, o desprenderse de las actuaciones del expediente administrativo (SSTS 19 de diciembre de 2011, Rec. 4648/2010), 4 de julio de 2011, Rec. 5031/2008 y 11 de diciembre de 2013, Rec. 2226/2011).

En particular, a tenor de lo dispuesto en el art. 221 del Reglamento del Registro Civil, el Juez Encargado oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles. Comprobación que tiene lugar mediante una audiencia o entrevista personal del solicitante de nacionalidad, de donde resulta la relevancia que tiene el Informe del Encargado, en función de la inmediación de la que goza.

3º) Aplicando la anterior doctrina al supuesto de autos, figura en el expediente que el demandante de nacionalidad presentó solicitud de concesión de nacionalidad española con fecha de 19 de abril de 2013. Fecha en la que se emitió el Acta de la Audiencia llevada a cabo por el Juez encargado del Registro Civil de Blanes, en la que figura el cuestionario efectuado a dicho solicitante, a fin de acreditar su grado de integración en nuestra sociedad. A continuación, en la misma fecha, el referido Juez Encargado dicta providencia en la que indica que si bien el solicitante tiene conocimiento del idioma español, no se halla completamente adaptado a las costumbres, cultura y estilo de vida español, como se desprende del interrogatorio formulado y redacción practicada por el propio interesado. El siguiente 24 de junio de 2013 se emite informe desfavorable por el Ministerio fiscal, concluyendo dichas actuaciones mediante Auto del referido Juez Encargado del registro civil, también desfavorable, de 28 de junio de 2013.

Es cierto que, tal y como razona la demanda, no se puede exigir al solicitante de nacionalidad que conteste absolutamente a todas las preguntas, en perjuicio de las personas poco formadas o con cultura limitada, sin que podamos medir la integración de un ciudadano extranjero por el número de ciudades o datos que conozca, sino por su estilo de vida al modo español.

Mas la integración social, como ya se ha razonado, implica no solo el arraigo personal y familiar del solicitante de la nacionalidad sino también la armonización del régimen de vida del interesado con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen reflejo constitucional y su grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales.

Analizado el extenso cuestionario aportado, en el que figuran las contestaciones del demandante resulta que al menos 13 de sus preguntas hacen referencia a la cultura y costumbres españolas, de carácter básico y no complejo y de las cuales más de la mitad se desconocen o contestan de manera equivocada por tal solicitante. Así, no sabe el nombre de ningún rio de Cataluña y/o España ni de ningún edificio o monumento famoso de Cataluña, ni el nombre de los tres Reyes Magos ni qué moneda se usaba antes del euro. Desconoce qué mar baña Blanes (donde vive) pues contesta que "Tosal en Calella". A la pregunta de qué es la Unión Europea dice "ke se unen todos los países" y a la de qué es la Constitución española, responde que "una construcción muy buena y segura".

Valorando conjuntamente dicha prueba, esta Sala llega a la conclusión de que frente a la resolución denegatoria de la concesión de la nacionalidad al demandante, no existe prueba suficiente que demuestre esa integración derivada de su adaptación a las costumbres españolas y de los valores en que se funda la convivencia en España, consagrados en la Constitución. Ello dado que el suficiente grado de integración en la sociedad española, exigido en el art.22.4 del Código Civil no puede deducirse, sin más, de la prolongada estancia en España, como parece desprenderse de la demanda (en la que insiste en que reside legalmente en nuestro país desde febrero de 2006 y en que no se valora su plena adaptación a nuestra sociedad), estancia prolongada y adaptación de las que cabría esperar, por el contrario, un mejor conocimiento de los valores esenciales en que se basa la convivencia y el orden social del país al que se quiere pertenecer como nacional. Tampoco se ha alegado, ni justificado, la existencia de iniciativas o elementos anteriores a la solicitud o durante la tramitación del expediente de los que pueda deducirse esa voluntad de integración plasmada en unos resultados que así lo acrediten.

En tales condiciones, y sin necesidad de examinar el segundo motivo de denegación de la resolución combatida consideramos, de conformidad con el artículo 22.4 del Código Civil, que la resolución impugnada se ajusta a derecho, desde el momento en que el interesado no cumple un requisito esencial para la concesión de la nacionalidad, cuál es su suficiente grado de integración en la sociedad española.

C) La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sec. 1ª, de 29 de septiembre de 2017, nº 565/2017, rec. 347/2016, considera que el importante que los inmigrantes que desean obtener la nacionalidad española, puedan responder a la pregunta  de ¿cómo se llaman los tres Reyes Magos?, que se incluyen en el cuestionario que deben pasar con éxito aquellos inmigrantes que soliciten la concesión de la nacionalidad española por residencia. Y en este caso concreto, conocer los nombre de los Reyes Magos,  da lugar, a la concesión de la nacionalidad española.

1º) En particular, a tenor de lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento del Registro Civil, el Juez Encargado en el expediente de concesión de la nacionalidad por residencia, oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, viniendo considerando la Sala muy especialmente el resultado de la entrevista mantenida ante el Juez Encargado del Registro Civil, en atención a la inmediación de la referida diligencia y la condición judicial de quien la práctica. En este sentido señala la reciente STS de 11 de diciembre de 2015 (Rec. 2498/2014), que el informe emitido por el Encargado del Registro Civil tras la audiencia, tiene un valor probatorio privilegiado, exaltando la jurisprudencia la relevancia de tales informes en razón precisamente del conocimiento directo que adquiere su autor en virtud del principio de inmediación.

No obstante, aunque el informe del Encargado presenta singular relevancia no se constituye en un determinante absoluto e insuperable, pues no es vinculante ni siquiera cuando es favorable.

La determinación del grado de integración del solicitante, reflejado por la entrevista del Encargado del Registro Civil, debe hacerse mediante la valoración de las respuestas de forma conjunta, sobre la base de que el conocimiento de la lengua y del marco institucional forman parte del grado de adaptación a la cultura española, sin perjuicio de que pueda modularse el nivel de exigencia de aquel conocimiento en función del grado de instrucción del interesado y de las demás circunstancias que concurran en el mismo (SSAN, Sec. 1ª, de 23 de octubre de 2015, Rec. 125/2015, de 26 de enero de 2016, etc y SSAN, Sec. 3ª, de 15 de febrero de 2012, Rec. 444/2010; de 7 de mayo de 2013, Rec. 468/2011 y de 4 de diciembre de 2014, Rec. 1411/2013).

2º) En el caso de autos resulta acreditado que el demandante, nacido en 1965 en Marruecos, reside legalmente en España desde mayo de 2000 habiendo solicitado la nacionalidad española el 21 de enero de 2014. Consta empadronado en Aranjuez (Madrid) donde reside en una vivienda alquilada con su esposa y los tres hijos del matrimonio, habiendo nacido el tercer hijo en nuestro país, estando todos ellos escolarizados según las certificaciones aportadas con la demanda.

Según el informe de vida laboral obrante al expediente, a fecha 13 de diciembre de 2014 el promotor ha figurado en situación de alta en el Sistema de la Seguridad Social 4.638 días, que a fecha de 17 de abril de 2016 se elevan a 5.476 días (según el informe de vida laboral aportado con la demanda), trabaja en una empresa de instalaciones de sistemas de calefacción, aire acondicionado etc, habiendo aportado contrato de trabajo de fecha 16 de julio de 2013 y nóminas por cuantía neta de 1338 € y certificaciones de IRPF.

Así mismo ha aportado con la demanda certificaciones de haber realizado diversos cursos de formación (de instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas; trabajos en altura; conducción y manejo seguro de plataformas elevadoras móviles de personal para prevención de riesgos laborales etc) y certificación del Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de Alcalá de Henares, perteneciente a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, de 7 de mayo de 2015, de haber realizado el curso intensivo de Conoce tus Leyes de 8 horas de duración.

El solicitante compareció ante la Magistrada Encargada del Registro Civil de Aranjuez, quien a la vista de las respuestas ofrecidas a las preguntas formuladas concluyó que no concurre en la persona del solicitante un suficiente grado de integración y acomodación al estilo y modo de vida españoles, dado que desconoce cual es la forma de gobierno de España, no conoce el nombre del Príncipe de Asturias, ni el Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, ni los del Presidente del Congreso y Senado, no ha sabido mencionar ningún producto típico de Aranjuez, ha manifestado que en España existe la pena de muerte y no existe la posibilidad del divorcio del matrimonio etc.

Sin embargo, resulta que el recurrente, cuyo conocimiento de la lengua española no se cuestiona, conoce los nombres de los Reyes , la capital de España, el partido que gobierna en nuestro país, las lenguas cooficiales, el nombre de la Vicepresidenta del Gobierno, de los Ministros de Economía, Interior, Justicia y Empleo, los nombres de partidos políticos (PP, Socialista, IU, PNV), los colores de la bandera española, a que edad se consigue la mayoría de edad, que las Cortes tienen dos Cámaras que cita (Congreso y Senado), sabe que los derechos fundamentales están en la Constitución, cita el nombre de varias Comunidades Autónomas, sabe el nombre de la Alcaldesa de Aranjuez y el partido político al que pertenece, el río que pasa por Aranjuez, cita el melón como producto típico de dicha población y como comidas típicas españolas la tortilla de patata y la paella, conoce las fiestas de la Constitución, Reyes Magos, Navidad, conoce da el nombre de varios periódicos (El Mundo, El País, ABC, 20 Minutos). Y si bien es cierto que manifiesta que no existe la posibilidad del divorcio en el matrimonio, conoce que existe igualdad entre hombres y mujeres ante la Ley, que se pueden casar personas del mismo sexo y que hay que respetar los derechos de la mujer. Asimismo ha manifestado que sabe leer y escribir, que tiene amistades de otras nacionalidades etc.

Es decir, si bien no contesta correctamente a todas las preguntas que se le formulan, las contestaciones acertadas, que son la inmensa mayoría, demuestran un conocimiento de la sociedad española, de nuestro sistema político y costumbres, que unidas a las circunstancias que seguidamente se van a exponer, nos llevan a no poder compartir la conclusión a que llega la Magistrado Encargada del Registro Civil.

Se ha acreditado en esta vía jurisdiccional la realización de distintos cursos de formación por el solicitante, siendo uno de ellos Conoce tus Leyes, lo que demuestra su interés por la sociedad en que desarrolla su vida. También se ha constatado que los hijos del matrimonio están escolarizados en centros públicos de la Comunidad de Madrid.

Todo lo cual unido al arraigo laboral y familiar del solicitante en nuestro país, acredita la integración del recurrente en nuestra sociedad, que implica, como ha venido reiterando el Tribunal Supremo (SSTS de 30 de junio de 2011 (Rec. 390272008), 11 de diciembre de 2013 (Rec. 2226/2011), etc.) la armonización del régimen de vida de la solicitante con los principios y valores sociales españoles, el grado de implicación en las relaciones económicas y sociales, así como el arraigo familiar.

Consideramos por todo ello que el recurrente ha acreditado suficiente grado de integración en la sociedad española a los efectos de la obtención de nuestra nacionalidad, debiendo en consecuencia estimarse el recurso interpuesto.

www.gonzaleztorresabogados.com





Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere acreditar la buena conducta cívica, que consiste no solo en no delinquir, sino en respetar unas pautas mínimas de respeto y solidaridad con respecto al resto de la sociedad, y un suficiente grado de integración en la sociedad española


A) La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sec. 5ª, de 22 de marzo de 2017, nº 292/2017, rec. 1189/2015, establece que para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere acreditar la buena conducta cívica, que consiste no solo en no delinquir, sino en respetar unas pautas mínimas de respeto y solidaridad con respecto al resto de la sociedad, y un suficiente grado de integración en la sociedad española, que exige el artículo 22.4 del Código Civil.

La jurisprudencia de la Audiencia Nacional declara que se debe acreditar positivamente la observancia de buena conducta cívica, es decir, no basta que no exista constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que "per se" impliquen mala conducta. Se exige que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica.

B) El artículo 20.1 del Código Civil establece que:

1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española:
a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.
b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España.
c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los arts. 17 y 19 del CC.

2. La declaración de opción se formulará:
a) Por el representante legal del optante, menor de catorce años o incapacitado. En este caso, la opción requiere autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha autorización se concederá en interés del menor o incapaz.
b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquél sea mayor de catorce años o cuando, aun estando incapacitado, así lo permita la sentencia de incapacitación.
c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años. La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación.
d) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la recuperación de la plena capacidad. Se exceptúa el caso en que haya caducado el derecho de opción conforme al párrafo c).

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio del derecho de opción previsto en el apartado 1.b) de este artículo no estará sujeto a límite alguno de edad.

El artículo 22 del Código Civil establece que:

1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:
a) El que haya nacido en territorio español.
b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.
e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.

4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa.

C)  Se impugna en el presente recurso la resolución de fecha 30 de julio de 2015, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado, que deniega al recurrente su solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia por ausencia del requisito de "buena conducta cívica", al tener antecedentes penales y policiales.

El recurrente fundamenta su impugnación en los siguientes motivos: 1) Nulidad de la resolución impugnada, al concurrir los requisitos legales para que le sea concedida la nacionalidad española por residencia la recurrente. 2) Que cumple el requisito de la buena conducta cívica, siendo nula la resolución impugnada, pues en dicha resolución en modo alguno se identifican y concretan las incidencias o detenciones sufridas por esta parte con lo que esta parte no posee en dicho momento la posibilidad de defenderse o recurrir fundamentadamente la resolución dictada, vulnerándose así el derecho fundamental a la defensa y tutela judicial efectiva (artículo 24 CE). Siendo además dicha resolución nula de pleno derecho al dictarse una resolución que no motiva suficientemente el motivo de dicha denegación de la nacionalidad . Tal y como consta en el expediente administrativo, se constata que la conducta de esta parte durante el periodo de residencia en nuestro país ha sido impecable, constando única y exclusivamente dos actuaciones negativas, una en el año 1996 y otra en el año 1998 (página 64 y 65 del Expediente). Detenciones y procedimiento que como evidencia el hecho de carecer esta parte de antecedentes penales, no fueron constitutivos de delito alguno, quedando ambos procedimientos archivados. Si bien dado el periodo de tiempo transcurrido, casi 20 años y el momento en el que ha tenido conocimiento esta parte de los hechos concretos en que se fundamentaba la resolución dictada por la Dirección General del Registro y Notariado, que ha sido tras darse traslado a esta parte del expediente en el presente procedimiento. No ha sido tiempo suficiente para que esta parte obtenga la documental de casi 20 años que acredite el archivo y no condena por ninguna de las detenciones producidas.

El Abogado del Estado apoya los argumentos de la resolución impugnada, alegando que, en efecto, las circunstancias de hecho que se hallan presentes en el expediente de concesión de la nacionalidad española al que se refiere al presente recurso, encontrándose perfectamente acreditado que fue el 03-07-1998 en Lleida, por falsificación de documentos, dilgs. NUM000 el 24-02-1996 en el Ejido por amenazas, dligs. NUM001, remitidas ambas al juzgado de guardia correspondiente, según se desprende de Informe de la Policía. La parte demandante no niega tales antecedentes pero alega que se produjeron hace ya años y que desde entonces no ha tenido más detenciones. Dice también, pero no acredita, que tales detenciones no se tradujeron en condenas (no lo acredita pues sólo se funda en que a fecha de hoy no consten antecedentes penales, lo que no es prueba suficiente pues, aun habiendo habido condena los antecedentes estarían cancelados. La parte demandante podría haber aportado las resoluciones judiciales correspondientes). De este modo, el interesado no ha justificado suficientemente la buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código Civil. Al contrario, se evidencia una conducta que ha merecido condena penal.

D) La resolución impugnada, efectivamente, sustenta la denegación de la solicitud de nacionalidad declarando:

"5º. Que el interesado no ha justificado suficientemente la buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código Civil ya que se ha visto implicado, en dos o más detenciones e incidentes que han exigido la intervención policial y/o la persecución punitiva correspondiente, lo que pone en evidencia alteraciones de la convivencia ciudadana que no se corresponden con el estándar de la conducta media exigible a cualquier ciudadano. Como ha señalado el Tribunal Supremo, Sala 3ª, en su sentencia de 18 de junio de 2009 , el civismo que exige el Código civil no consiste solo en no delinquir, sino en respetar unas pautas mínimas de respeto y solidaridad con respecto al resto de la sociedad. Con ello no se trata de establecer, como ha subrayado el mismo tribunal, un canon de comportamiento excepcional o extraordinario, sino de constatar que "el solicitante de nacionalidad española se ha desenvuelto como lo hubiera hecho un buen ciudadano medio" (cfr. Sentencia de 29 de octubre de 2010), cosa que, a la vista de los antecedentes que obran en el expediente, no cabe predicar del peticionario. En este sentido debe tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de julio de 2008 ha declarado que: "...la buena conducta cívica ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo periodo de tiempo en España" con el fin de verificar que se trataron de unos hechos aislados en su trayectoria vital o de un periodo finalmente superado, por lo que el solicitante precisa de un tiempo más prolongado para acreditar que su comportamiento se ajusta a ese estándar medio de una manera continuada y mantenida.

Por otro lado, tampoco del resto de la documentación que obra en el presente expediente administrativo se deducen elementos positivos suficientes para desvirtuar esta conclusión”.

E) La cuestión se centra en determinar la concurrencia o no en el solicitante de los requisitos que constituyen el presupuesto para la concesión de la nacionalidad solicitada, pues, según declara la resolución impugnada, tiene antecedentes penales, de los que consta su terminación judicial.

El recurrente sustenta su pretensión, de que cumple con el requisito de la "buena conducta cívica", en el hecho de que no consta que tenga antecedentes penales, sin que la Administración haya acreditado tal extremo en relación con los procedimientos a los que se refiere.

F) La jurisprudencia tiene declarado sobre el requisito de la "buena conducta cívica", lo siguiente: “ Así las cosas hemos de remitirnos a la más que reiterada doctrina de esta Sala, respecto al requisito de la buena conducta cívica, de concurrencia necesaria para la concesión de la nacionalidad española. Por todas citaremos nuestra Sentencia de la AN de 19 de Junio de 2015 (Rec. 2776/2013) donde decimos:

"En relación al requisito de justificación de buena conducta cívica en la concesión de la nacionalidad española , que la concesión de la nacionalidad por residencia es un acto que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado, que conlleva el otorgamiento de una cualidad que lleva implícita un conjunto de derechos y obligaciones, otorgamiento en todo caso condicionado al cumplimiento por el solicitante de unos determinados requisitos, y que, conforme al artículo 21 del Código Civil, puede ser denegado por motivos de orden público o interés nacional.

Además, el artículo 22 del Código Civil establece como uno de esos requisitos, que el solicitante acredite positivamente la observancia de buena conducta cívica, es decir, no basta que no exista constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que "per se" impliquen mala conducta, lo que el art. 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/87.

El concepto "buena conducta cívica" se integra por la apreciación singular del interés público conforme a unos criterios, preferentemente políticos marcados explícita o implícitamente por el legislador, siendo exigible al sujeto solicitante, a consecuencia del "plus" que contiene el acto de su otorgamiento enmarcable dentro de los "actos favorables al administrado", un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pudiera cuestionar el concepto de bondad que el precepto salvaguarda, como exigencia específica determinante de la concesión de la nacionalidad española.

El cumplimiento de tal requisito viene determinado, por lo tanto, no solo por la ausencia de elementos negativos en la conducta del solicitante, como pueden ser transgresiones de las obligaciones de distinta naturaleza que el ordenamiento jurídico impone al ciudadano, sino por la acreditación positiva de un comportamiento conforme con los principios y valores cívicos de la comunidad en la que se integra, que ha de resultar más expresiva, convincente y concluyente cuando median situaciones y actuaciones que, al margen de la trascendencia penal, merecen una valoración negativa a efectos de cumplir con tal requisito de buena conducta cívica".

También hemos dicho (ver por todas la Sentencia de la AN de 22 de Septiembre de 2008 -Rec. 1848/2004), que ciertamente el artículo 22.4 del Código Civil impone la carga de probar la buena conducta cívica, a quien solicita la concesión de la nacionalidad española por residencia y que la existencia de buena conducta no se presume, por lo que no es la Administración quien debe probar que falta una buena conducta cívica, pero también hemos dicho en reiteradas ocasiones, que a los efectos de la concesión de nacionalidad española, ni la existencia de antecedentes penales, supone siempre un juicio negativo sobre la buena conducta cívica del interesado, ni su cancelación comporta que quepa apreciarse sin más aquella, debiendo valorarse todas las circunstancias concurrentes." (Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2015, dictada en el rec. de casación nº 3865/2014; entre otras).

Por otra parte, la jurisprudencia tiene declarado: “Es cierto y no lo ignora la Sentencia -ni la Resolución administrativa- que los antecedentes penales por sí mismos, en ocasiones, no son suficientes para entender que no concurre el requisito de "buena conducta cívica", como también que la inexistencia de aquéllos tampoco, necesariamente, es determinante de una "buena conducta cívica".

En este sentido hemos de recordar la Sentencia de este Tribunal de 5 de diciembre de 2011 (casación 2495/10), en la que se dice que " las actuaciones penales, con o sin condena, que hayan de seguirse contra quien solicita la nacionalidad española por residencia son datos a tener en cuenta, junto con otros que puedan resultar relevantes, para valorar la actitud del solicitante desde el punto de vista del civismo. Por eso, la existencia o inexistencia de antecedentes penales no es decisiva: es posible que aun habiendo sido cancelados., un hecho ilícito sea tan elocuente acerca de la falta de civismo del solicitante que pueda ser utilizado para tener por no satisfecho el requisito del art. 22.4 CC; y, viceversa, cabe que determinados antecedentes penales todavía no cancelados resulten insuficientes para formular un juicio negativo sobre el civismo del solicitante. Así pues, ha de estarse a una valoración racional y ponderada de todos los antecedentes, referencias y circunstancias que jalonan la vida en sociedad del solicitante, y mediante el análisis de su concreta peripecia vital, determinar si reúne la cualidad de buena conducta cívica legalmente impuesta". Y, en Sentencia del TS de 17 de marzo de 2009 (casación 8559/04 ), en esta misma línea, se dice que " las actuaciones penales, con o sin condena, que hayan podido seguirse contra quien solicita la nacionalidad española por residencia son datos a tener en cuenta, junto con otros que puedan resultar relevantes, para valorar la actitud del solicitante desde el punto de vista del civismo.De aquí que la Administración deba tener en cuenta todas las circunstancias que concurran en cada caso, haciendo una razonable valoración de conjunto de las mismas. ". (Sentencia del TS de fecha 2 de octubre de 2015, dictada en el rec. de casación nº 2767/2013).

G)  CONCLUSION: Pues bien, la Sala considera que, teniendo en cuenta que los hechos por los que fue condenado el recurrente acaecieron en los años 1996 y 1998, y la fecha de ratificación de la solicitud de nacionalidad es la del 24 de enero de 2011, puede apreciarse la lejanía de los hechos, sin que conste desde entonces exista antecedentes penales.

En consecuencia, constando que durante el plazo, al menos, el legalmente exigido de residencia de 10 años, anterior a la fecha de solicitud de la nacionalidad para obtener la nacionalidad española, no existen antecedentes penales ni policiales del solicitante de la nacionalidad, procede estimar el recurso, al concurrir el requisito de la "buena conducta cívica", en el sentido declarado por la jurisprudencia.

www.gonzaleztorresabogados.com